Desde echar abajo los llamados Plan A y Plan B, hasta impedir la distribución de los libros de texto gratuitos, el Poder Judicial de la Federación se instauró en este sexenio del presidente López Obrador como un freno para la 4T. Algunos de los cambios legales que bloqueó buscaban evitar corrupción y abusos. Por ejemplo, echó abajo la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, destinada a impedir la impunidad de factureras y lavadores de dinero.
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| Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández. Foto Contralinea/Cuartoscuro.com |
Anahí Del Ángel
Contralinea / agosto 6, 2024
Red-acciones | viernes 9 de agosto de 2024
Desde echar abajo los llamados Plan A y Plan B, hasta
impedir la distribución de los libros de texto gratuitos, el Poder Judicial de
la Federación se instauró en este sexenio del presidente López Obrador como un
freno para la 4T. Algunos de los cambios legales que bloqueó buscaban evitar
corrupción y abusos. Por ejemplo, echó abajo la prisión preventiva oficiosa
para delitos fiscales, destinada a impedir la impunidad de factureras y
lavadores de dinero. Además, benefició con amparos a la industria de los pesticidas
e impidió –desde la Suprema Corte– consolidar la industria eléctrica nacional.
A ello se suma que se desechó la reforma que transfería la Guardia Nacional a
la Sedena.
Contralinea.com.mx
Como nunca antes, el Poder
Judicial de la Federación se opuso de forma sistemática a las
decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo,
incluso hasta el punto de invadir sus facultades y convertirse en un supra
poder.
El sexenio del presidente Andrés Manuel López
Obrador ha tenido el menor número de iniciativas aprobadas en los
últimos 100 años de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto
Belisario Domínguez. El primer mandatario presentó una tasa de aprobación
del 63.36 por ciento, considerada la más baja desde 1917.
Las iniciativas del presidente encaminadas a favorecer a la
sociedad mexicana, enfrentaron las resistencias no sólo del Poder
Legislativo, sino también las invalidaciones de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), al respecto el estudio lo señala como el
“gran dique” que contuvo muchas de las iniciativas ya que entre 2019 y 2023, la
Corte invalidó 74 leyes “por vicios en el proceso legislativo”.
Plan A
El Plan A de Andrés Manuel López Obrador se
refiere a su propuesta de reforma electoral, una de las principales iniciativas
de su administración. Ésta pretendía transformar varias estructuras y procesos
del sistema electoral en México. Los puntos principales de la propuesta
incluían:
-Reducción significativa del financiamiento público a
partidos políticos, para que los recursos se utilicen de manera más eficiente y
con menos gastos superfluos.
-Reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE),
que incluía la eliminación de ciertos organismos y la reducción del número de
consejeros.
-Eliminación de los diputados y senadores plurinominales,
para que todos los representantes fueran electos por mayoría relativa, lo cual
fortalecería la representación directa de los ciudadanos.
-Elecciones electrónicas: la reforma proponía modernizar el
sistema de votación mediante la introducción de elecciones electrónicas, con el
objetivo de hacer el proceso más eficiente y seguro.
Sin embargo, la Suprema Corte rechazó varias partes clave
del llamado Plan A de AMLO, aprobadas por mayoría en el Congreso de la Unión, y
las declaró inconstitucionales.
Plan B
El Plan B fue una serie de reformas electorales que el
presidente López Obrador impulsó ante el Congreso, después de que el Plan A fue
descarrilado por el Poder Judicial. Este paquete de cambios legislativos
consistió en modificaciones a leyes secundarias que no requerían una mayoría
calificada en el Congreso. Y buscaba impedir que instituciones como el INE
fueran tomadas por personajes como Lorenzo Córdova Vianello, quien demostró su
apoyo abiertamente a la derecha e incluso participó como único orador en la
manifestación conocida como la “marea rosa”.
El Plan B fue echado abajo por la mayoría
de ministros y ministras de la Corte –que encabeza Norma Piña– el 8 de mayo de
2023. Un día después, el primer mandatario llamó al pueblo de México al Plan C:
obtener la mayoría calificada en el Congreso en las elecciones pasadas –como
ocurrió el 2 de junio– para reformar al “podrido” Poder Judicial.
El Plan B planteaba:
-Reducción significativa del presupuesto del INE por la
necesidad de austeridad y eficiencia.
-Cambio en la estructura del INE: modificaciones en la
organización interna y las funciones de algunos departamentos dentro del INE.
-Simplificación de procesos electorales para la organización
y ejecución de las elecciones, con el objetivo de hacerlos más ágiles y menos
costosos.
-Modificación de la propaganda electoral, con restricciones
y regulaciones adicionales para asegurar un juego limpio.
El 8 de mayo de 2023, la mayoría del pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación rechazó partes significativas del Plan B, al
considerar que algunas de sus disposiciones eran inconstitucionales.
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Video no incluido en el texto original trasmitido por el
canal de Jesús Escobar Tovar en YouTube,
el 8 de agosto de 2024.
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En octubre de 2021, el presidente López Obrador envió una
iniciativa al Congreso de la Unión para reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.
El objetivo era mitigar los efectos causados por la reforma energética de Enrique
Peña Nieto, misma que manejó un falso discurso de fortalecimiento
para Pemex y la CFE.
El 20 de diciembre de 2013, cuando se firmó el decreto para
la promulgación de la reforma, el entonces presidente de México afirmó:
“comienza así una nueva historia para nuestro país. Hemos abierto las puertas
de un mejor futuro para todos”, pero en realidad abría la puerta a la
privatización de la industria energética, en beneficio de transnacionales.
El Congreso de la Unión aprobó la reforma de López Obrador,
pero nuevamente la mayoría en la Suprema Corte echó abajo esta iniciativa.
Con ello, el Poder Judicial daba la razón a
las trasnacionales. Seis empresas extranjeras se ampararon y el bloque
conservador en la Segunda Sala de la Corte declaró inconstitucional la reforma
eléctrica.
Uno de los puntos esenciales era que un 54 por ciento de
participación en el sector de la generación eléctrica a la CFE y un 46 por
ciento para la iniciativa privada. La votación se desarrolló de la siguiente
manera: las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres votaron
en contra de declarar inconstitucional la reforma, mientras que los ministros
Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán votaron a favor. El resultado fue un
empate que se definió con el voto de calidad del ministro Pérez Dayan, este
último votó por declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica.
Eliminación de la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales
Aunque se buscaba impedir los delitos de cuello
blanco, que las factureras dejaran de lavar dinero
para el crimen organizado e impedir la evasión de impuestos, situaciones que
afectan al erario nacional –que es utilizado para obras públicas y programas
sociales–, la Corte echó abajo los cambios.
Tras esta resolución se dejó sin validez las reformas
aprobadas en 2019 por la administración del presidente Andrés Manuel López
Obrador, a la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos
Penales y el Código Fiscal de la Federación, los cuales establecían como
amenazas a la seguridad nacional, delincuencia organizada y delitos que
ameritan prisión preventiva oficiosa las siguientes actividades: la
defraudación fiscal, contrabando y su equiparable, así como la expedición,
venta y uso de facturas falsas.
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| Foto Contralinea/Cuartoscuro.com. |
Reforma de la Guardia Nacional
La reforma para pasar el control operativo y administrativo
de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en
México fue una iniciativa para fortalecer la seguridad pública, de acuerdo con
López Obrador. La institución de reciente creación, quedaría bajo el mando
directo de la Sedena, con la intención de aprovechar la experiencia
y recursos de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y la violencia.
La Guardia Nacional fue establecida como una fuerza de
seguridad pública de carácter civil con la misión de combatir el crimen y
restaurar la paz. Ante los retos en seguridad, el presidente López Obrador
propuso la reforma para que la Guardia Nacional pasara bajo el control
operativo de la Sedena, porque las Fuerzas Armadas tienen la
experiencia y capacidad necesarias para liderar esta institución de manera más
efectiva.
No obstante, la Suprema Corte revisó la reforma y en 2023
resolvió que era inconstitucional.
Decreto de AMLO
contra la utilización de glifosato
El juez Francisco Javier Rebolledo Mendoza, del Juzgado
Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, suspendió
el decreto del primer mandatario que prohibía el uso de glifosato en la
industria agrícola. Esta decisión judicial es relevante dentro del contexto de
las políticas de AMLO para regular el uso de agroquímicos en México.
El decreto presidencial fue emitido el 31 de diciembre de
2020 y establecía la eliminación gradual del uso de glifosato en la agricultura
mexicana para 2024 por preocupaciones al impacto en la salud, esto por los
posibles efectos adversos del glifosato en la salud humana, que incluyen
riesgos de cáncer. Pero también por los impactos negativos en la biodiversidad
y ecosistemas, así como la búsqueda de nuevas prácticas agrícolas más
sostenibles y menos dependientes de agroquímicos.
El juez Rebolledo suspendió el decreto bajo varios
argumentos:
- Impacto
económico: La prohibición del glifosato podría tener efectos
significativos en la industria agrícola, incluyendo aumentos en los costos
de producción y una potencial disminución en la competitividad de los
productores mexicanos.
- Procedimientos
regulatorios: el decreto fue considerado como un cambio abrupto que no
siguió los procedimientos regulatorios adecuados, ni consideró
suficientemente las consecuencias económicas y sociales.
- Derecho
de los agricultores: la suspensión se basó también en el derecho de los
agricultores a utilizar insumos que han sido previamente aprobados y
regulados para su uso.
La administración del presidente López Obrador defendió el
decreto como una medida necesaria para proteger la salud pública y el medio
ambiente. Asimismo, organizaciones ambientales y de salud apoyaron el decreto,
al indicar que los beneficios en salud y protección ambiental superaban los
costos económicos, cosa que el Poder Judicial no tomó en cuenta. Cabe mencionar
que algunas naciones, como Vietnam y Sri Lanka, han prohibido el uso de
glifosato debido a preocupaciones de salud y medioambientales.
La suspensión del decreto presidencial por parte del juez
Francisco Javier Rebolledo Mendoza refleja que la industria agrícola y algunos
actores judiciales buscan favorecer los factores económicos y no los sociales.
Libros de texto gratuitos
En el actual sexenio de López Obrador, uno de los temas más
discutidos fue la revisión y los cambios en los libros de texto de la Secretaría
de Educación Pública (SEP). Estos libros forman parte de un esfuerzo
para actualizar y reformar el contenido educativo del país, con énfasis en una
visión más inclusiva y crítica de la historia y la cultura mexicana.
Por ello, la administración federal impulsó modificaciones
significativas, que incluyeron la incorporación de temas sobre derechos humanos,
género, y la historia desde una perspectiva más diversa. Sin embargo, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó dos suspensiones en la
distribución de los materiales educativos. Una en el estado de Coahuila, que se
sumó a la que el ministro Luis María Aguilar concedió a Chihuahua por posibles
violaciones a los procedimientos para la aprobación de los contenidos. Con el
paso del tiempo, ambas resultaron improcedentes. ©
Ra
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