El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existe ningún recurso legal que pueda detener la reforma al Poder Judicial, la cual fue publicada el domingo
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| La reforma judicial ya fue firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Foto Presidencia. Red-acciones Viernes 20 de septiembre de 2024 |
Ciudad de México, (18 de septiembre -SinEmbargo).- Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), abrió este miércoles una nueva consulta con las y los otros ministros del máximo tribunal del país para determinar si es procedente una controversia que magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) interpusieron para suspender la aplicación de la reforma judicial, ya firmada y publicada por el Ejecutivo.
La ministra presidenta de la Corte solicitó esta consulta
para revisar el cumplimiento cabal del procedimiento legislativo que aprobó la reforma
judicial, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado; así como su
“contenido material”.
“Se consulta al Tribunal Pleno sobre la procedencia de la controversia prevista en el Artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para controvertir reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea respecto del cumplimiento de las formalidades del procedimiento legislativo respectivo, como de su contenido material, conforme al apartado III”, se lee en el documento.
#PuntoDeReferencia. La ministra @LeniaBatres afirmó que es improcedente la consulta sobre la constitucionalidad de la #ReformaAlPoderJudicial porque la @SCJN no tiene facultades para eso. @canalcatorcemx @OnceNoticiasTV pic.twitter.com/0YiP2hc7eS
— Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 20, 2024
La consulta fue turnada como asunto urgente a Juan Luis
González Alcántara Carrancá, quien debe presentar los proyectos al pleno para
su discusión.
“Túrnese el presente asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, conforme al turno que se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, en términos del apartado V”, dicta el documento.
LAS OTRAS DOS CONSULTAS
El pasado 5 de septiembre, Piña Hernández abrió dos
consultas con las y los otros ministros del máximo tribunal del país para
determinar si podía ordenar que se suspendiera el proceso de reforma al Poder
Judicial, que en ese momento apenas estaba aprobada por la Cámara de Diputados
y turnada al Senado.
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| Piña lo intenta de nuevo. Foto Archivo. |
Los dos expedientes fueron turnados como asunto urgente a la
ministra Lenia Batres Guadarrama, una de las principales defensoras de la reforma
judicial en la Corte, quien presentó los proyectos al pleno para su discusión.
La presidenta de la SCJN buscaba saber si tenía permitido intervenir en este asunto, en el que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed) le pidió el pasado 3 de septiembre que se pronunciara sobre el respeto a la independencia judicial y el decreto de reforma al PJF para que se suspendiera el procedimiento y se declarara su invalidez.
NO EXISTE RECURSO PARA FRENAR REFORMA: AMLO
El pasado 16 de septiembre, el presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que no existe ningún recurso legal que pueda detener la
reforma al Poder Judicial, la cual fue publicada el domingo en el Diario
Oficial de la Federación (DOF), y que propone para 2025 la elección
extraordinaria de jueces, magistrados y ministros.
“Están en su derecho”
“¿Cuál es el fundamento para que no se pueda reformar la
Constitución? Pues solamente que no hubiese la mayoría calificada, que en la
mayoría de las legislaciones estatales se hubiera rechazado o que el titular
del Ejecutivo no la hubiese publicado. Ya todo se hizo. Ya está en vigor la
reforma. Eso ya salió adelante y qué bueno”, expresó.
Ante una pregunta de la prensa sobre si la Consejería
Jurídica de la Presidencia está preparada para afrontar los recursos legales
del Partido Acción Nacional (PAN) en contra de la reforma, el Presidente
contestó: “Pues están en su derecho, nada más que se está actuando de
conformidad con la Constitución; o sea, no hay ningún fundamento legal para
detener la reforma al Poder Judicial. No existe ningún fundamento legal”.
Asimismo, explicó que el Artículo 135 de la Carta Magna establece el
procedimiento para realizar reformas constitucionales.
LA CNDH DA VISTO BUENO A REFORMA JUDICIAL
Antier, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseguró que, después de realizar un análisis serio y exhaustivo, no interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, debido a que es resultado de la voluntad popular y una de las consecuencias derivadas del proceso electoral del 2 de junio.
En apoyo a la reforma del Poder Judicial de la Federación, porque considero que combate vicios enquistados en la Judicatura #PoderJudicialporVotoPopular pic.twitter.com/3V9Vn919hY
— Humberto (@hjardon) September 18, 2024
La CNDH señaló que actores partidistas han presionado al
organismo para que interponga una acción de inconstitucionalidad y satisfacer
“ambiciones ajenas a los intereses del pueblo”. Sin embargo, aseveró que no
apoya denuncias que afecten los intereses de las y los mexicanos, lo que
equivaldría a dejar en manos del Poder Judicial el destino de la nueva
legislación. “Su análisis en la Cámara de Diputados y el Senado de la República
fue exhaustivo y suficiente, a pesar de un ambiente por momentos ríspido y los
desafortunados intentos de violencia en el Senado, la aprobación final de la
reforma fue pacífica y apegada a derecho, reflejo del sistema democrático que
hoy prevalece en nuestro país”, añadió.
La Comisión precisó que no se identificaron vicios en el
procedimiento legislativo y que la reforma modifica directamente la
Constitución, la cual no puede ser impugnada por una acción de
inconstitucionalidad, en especial por no ser una norma inferior sujeta a
comparación con la Constitución, sino de la voluntad soberana del pueblo
reflejada en la modificación de las disposiciones que rigen al Poder Judicial.
El PRIAN, SIN RECURSOS PARA DETENER REFORMAS
Tras los resultados del pasado 2 de junio en las urnas, la
oposición en el Congreso de la Unión ha quedado con un papel tan limitado que
los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), y de Movimiento Ciudadano (MC) sólo podrán manifestar su
desacuerdo de manera testimonial y discursiva frente a las reformas que Morena,
con su mayoría aplastante, apruebe.
La oposición no tiene la capacidad para frenar estas
reformas desde el Legislativo, ni siquiera a través de acciones de
inconstitucionalidad, al menos en la Cámara de Diputados, ya que no alcanza el
número de legisladores necesario para promoverlas.
Para presentar una acción de inconstitucionalidad, el
Artículo 105 establece que los legisladores federales o locales, así como una
minoría parlamentaria que represente al menos el 33 por ciento del total de
integrantes del órgano que haya expedido la norma impugnada, están facultados
para hacerlo. Es decir, se requiere el 33 por ciento de los diputados federales
o senadores. La oposición no tiene los votos necesarios para hacerlo: en la
Cámara de Diputados, el PAN cuenta con 71 diputados (14.4 por ciento del total
de 500), el PRI con 36, MC con 27, el PRD con uno, y hay un legislador
independiente. En total, suman 136 diputados, apenas un 27.2 por ciento del
total, muy lejos del 33 requerido.
En el Senado, aunque Morena tiene 85 senadores y ya
consiguió el apoyo de un panista, la oposición cuenta con 43 senadores, que
representan un 33.59 por ciento. No obstante, para promover una acción de
inconstitucionalidad necesitarían que todos los senadores opositores se sumen;
con sólo uno que no lo haga, perderían el porcentaje necesario. ©
Ra
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