- Sobre amparos contra reforma al Poder Judicial: “Vamos a notificar a quien sanciona a los jueces, porque es claro y notorio que se está violando la Ley de Amparo”
- La Ley de Amparo establece en el artículo 61 que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución, explicó esta mañana
- Poder Judicial emite resoluciones y amparos que frenan acciones para beneficiar a mexicanos y garantizar sus derechos: Rosa Icela Rodríguez, Gobernación
Ciudad de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a jueces, juezas,
magistrados, ministros y ministras a respetar las leyes y no vulnerar el Estado
de derecho, luego de que la jueza Nancy Juárez, de Coatzacoalcos, Veracruz,
emitió una orden para eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF)
la reforma constitucional al Poder Judicial, ya que el artículo 61 de la Ley de
Amparo establece que esta medida jurídica no es aplicable en modificaciones a
la Constitución Política.
También señaló que las prestaciones de jueces, juezas,
magistrados, ministros y ministras no se tocarán. Aparte se especificó que cuentan con salarios superiores a las que
marca el artículo 127 de la Constitución, que van de hasta cinco millones 529
mil 451 anuales a 50 mil 903, sin importar que tengan denuncias, quejas o
sanciones en su contra, como es el caso de la jueza Nancy Juárez, que ha sido
señalada por desempeño deficiente, nepotismo y acoso laboral.
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum expresó que “ya hay un cambio constitucional, así que lo que desde
nuestra perspectiva no está bien, es que desde la propia Corte o los propios
jueces violen las leyes que son tan claras, se está queriendo poner
que la Presidenta está en desacato, cuando los primeros que están violando las
leyes y vulnerando el Estado de derecho son los propios jueces, juezas.
“En particular, violentando la Ley de Amparo, un juez, una jueza que responde frente a una suspensión que le permite la Ley de Amparo no tiene cualquier atribución, ellos tienen que cumplir con la ley. Entonces, ¿cómo admite un amparo, cuando la Ley de Amparo en su artículo 61 dice claramente en su artículo primero, que el amparo no es procedente para cambios constitucionales?
“¿A qué estamos llamando? -continuó-, a que cumplan la ley. Los jueces y
juezas son los primeros que deben de dar ejemplo del cumplimiento de la ley y
no la cumplen; por eso es la reforma al Poder Judicial, porque hay mucha
corrupción en el Poder Judicial. Porque corrupción es tanto quien recibe dinero
para hacer una sentencia, como quien viola la ley; entonces, la jueza está
violentando su propio carácter, por eso hay una reforma constitucional’’,
manifestó.
La publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación es reflejo del respeto al proceso legislativo y al mandato del pueblo de México. pic.twitter.com/GLX94NkQ6l
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 22, 2024
Tras informar que la reforma al Poder Judicial cumplió en
tiempo y forma todos los procesos que marca la legalidad, anunció que una vez
que sea notificada sobre la resolución de la jueza que ordenó eliminar la
publicación de la reforma judicial en el DOF, hecho que no había ocurrido en
los últimos 30 años, el Gobierno de México, a través de la Consejería Jurídica
del Ejecutivo Federal, recurrirá al Consejo de la Judicatura Federal para dar a
conocer que se están violentando las leyes, así como al Congreso de la Unión
para preguntar la legalidad de este amparo.
“Vamos a notificar a quien sanciona a los jueces, porque es
claro y notorio que se está violando la Ley de Amparo y aun así se está
haciendo una resolución de una suspensión”.
Resaltó que los amparos que se han interpuesto contra la
reforma judicial son intentos fallidos e improcedentes de jueces, juezas,
magistrados, ministros, ministras que intentan mantener sus privilegios sobre
la voluntad ya marcada por el pueblo de México.
Fotos Especial/Presidencia. |
“¿Qué quiere el pueblo de México? Un Poder Judicial honesto, que permita que haya justicia en el país. La Cuarta Transformación esencialmente es un movimiento por la justicia, por la justicia social, por la justicia para las mujeres, por la justicia ambiental y por un sistema de justicia en el país que le de justicia al que menos tiene”.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó que la reforma al Poder Judicial es una necesidad derivada de que jueces, juezas, ministros, ministras y magistrados suelen cometer actos que afectan la impartición de justicia.
"Por ejemplo, mediante la liberación de
delincuentes; tal es el caso de Emilio N., exdirector de Petróleos Mexicanos
(Pemex), a quien se le otorga un amparo por el juez Juan Pedro Contreras para
dejar sin efecto la prisión preventiva, o el de Francisco Javier N.,
exgobernador de Tamaulipas, cuya orden de aprehensión no se acató por un amparo
concedido por la jueza octava de distrito, Adriana Yolanda Vega".
Destacó otras acciones que ponen en duda el actuar del Poder
Judicial, como no emitir sentencia para seis mil 97 personas privadas de la
libertad de 21 mil detenidos que existen en el país; otorgar amparos y
suspensiones contra leyes, obras y políticas públicas, tales como a la Ley de
la Industria Eléctrica, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el Tren Maya o
los libros de textos gratuitos del ciclo escolar 2023-2024.
“Integrantes del Poder Judicial de la Federación han emitido
resoluciones y amparos, frenando la aplicación de leyes diseñadas para
beneficiar a la sociedad mexicanas y garantizar los derechos de la ciudadanía”.
Injerencias
También mencionó la injerencia del Poder Judicial en asuntos
electorales, como el recurso interpuesto por el dirigente del Partido Acción
Nacional (PAN) y admitido por la ministra Norma Piña para que la SJCN
interpretara y definiera criterios para la asignación de diputaciones
plurinominales; procesos viciados en la selección de jueces, como la venta de
exámenes de oposición en 186 mil pesos, así como el nepotismo dentro de las
instituciones de impartición de justicia, donde 49 por ciento, equivalente a la
mitad del personal, tiene al menos un familiar en el PJ.
Destacó que, en la actualidad, jueces, juezas, magistrados,
ministros y ministras tienen salario y prestaciones superiores a las que marca
el artículo 127 de la Constitución: un consejero de la judicatura gana hasta
cinco millones 529 mil 451 pesos brutos anuales, mientras que un magistrado
recibe cuatro millones 490 mil, 441 pesos al año, y un juez de distrito cuatro
millones 050 mil 903, sin importar que tengan denuncias, quejas o sanciones en
su contra, como es el caso de la jueza Nancy Juárez, que ha sido señalada por
desempeño deficiente, nepotismo y acoso laboral. ©
Ra
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