OPINIÓN
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| Foto Vía Libre. |
D E S L I N D E
Alberto Witvrun
Diariovialibre.com.mx, (8 octubre, 2024).- Desde que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto Castillo empezó a investigar los manejos financieros de Guillermo Álvarez Cuevas en la Sociedad Cooperativa de Cemento Portland La Cruz Azul y se conoció la cercanía de Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez con el entonces todo poderoso coordinador jurídico de la presidencia de la República Julio Scherer Ibarra el conflicto en esta empresa social obedeció a la Ley del Péndulo.
La asamblea donde Velázquez y Marín fueron designados
presidentes del Consejo de Administración y de la Comisión de Vigilancia,
favoreció a estos, pero luego de la elección de Francisco Sarabia Pozo como
presidente del Consejo de Administración y de Alberto López Morales, quien
cedió a las presiones, regresaron las condiciones a este grupo, pero el manejo
judicial volvió a cargar los dados a favor de los primeros.
En ese periodo Velázquez y Marín lograron el control de las
plantas de Oaxaca, Puebla y Aguascalientes, además de las oficinas centrales y
del equipo de fútbol profesional, parecía que lograrían apoderarse de todo,
pero la salida de Scherer Ibarra de Palacio Nacional, se los complicó y el
grupo de Sarabia Pozo, se atrincheró en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, planta y
complejo deportivo.
Tres intentos de asalto a las instalaciones fracasadas,
corte de suministro eléctrico a la planta, no han podido doblar a los
cooperativistas, que también enfrentan las alianzas políticas de Velázquez y
Marín que lograron colar candidatos a diputados federales por el Partido del
Trabajo (PT) a través del Clan Sosa Castelán, pero con el cambio de gobierno
parece que el péndulo está a favor de los “atrincherados”.
Por eso iniciaron otra demanda en contra de esta dupla por
el desvío de 80 mil millones de pesos, despojo de las tres plantas y de las
oficinas de Torres Adalid al sur de la Ciudad de México; y es que desde hace
cinco años no han rendido cuentas a los más de 700 socios cooperativistas y no
han convocado a una nueva asamblea, en suma, están sumidos en la ilegalidad,
porque su gestión estatutariamente concluyó en agosto de 2020.
Otro factor es que con el nuevo gobierno todo indica que la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya sin Manuel Barttlet Díaz al frente,
no tendrá más que reconectar el servicio eléctrico a la planta Tula, además de
que han retenido salarios y participaciones a los cooperativistas como forma de
presión para doblarlos, incurriendo en otra ilegalidad así el péndulo parece
estar del otro lado de donde estuvo hace seis años. ©
Ra
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