Por delitos como extorsión, secuestro exprés y homicidio son investigados diversos funcionarios de los municipios de Amanalco, Santo Tomás, Tonatico, Chicoloapan, Ixtapaluca, Tejupilco, Naucalpan, Coacalco, Jilotzingo y Texcaltitlán
Un juez libró las órdenes de aprehensión por delitos de extorsión, secuestro exprés y homicidio contra funcionarios de Amanalco, Santo Tomás, Tonatico, Chicoloapan, Ixtapaluca, Tejupilco, Naucalpan, Coacalco, Jilotzingo y Texcaltitlán. Foto GEM.
Valle de México. Previa investigación y labores de inteligencia, las
instituciones que integran el gabinete de seguridad del Gobierno de México efectuaron
la operación “Enjambre” en el Estado de México, para cumplimentar 14 órdenes de
aprehensión de las cuales siete fueron ejecutadas en contra de presidentes
municipales, directores de Seguridad Pública municipal y otros funcionarios
ligados con grupos delictivos.
El operativo fue ejecutado por elementos de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional
(Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Centro Nacional
de Inteligencia (CNI), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad
del Estado de México (SSEM) y Fiscalía General de Justicia del Estado de México
(FGJEM).
Al desarrollar las indagatorias del caso se obtuvieron
diferentes datos de prueba, que fueron entregados por la autoridad ministerial
a un juez quien libró las órdenes de aprehensión por delitos como extorsión,
secuestro exprés y homicidio contra diversos funcionarios de los municipios de
Amanalco, Santo Tomás, Tonatico, Chicoloapan, Ixtapaluca, Tejupilco, Naucalpan,
Coacalco, Jilotzingo y Texcaltitlán.
A través de la fuerza de tarea se realizó un despliegue en
varios sitios de la entidad mexiquense para desarticular la red de apoyo
municipal a miembros de diversas organizaciones criminales que operan en la
entidad, refiere el comunicado conjunto.
Luego de efectuar el operativo y cumplimentar las órdenes de
aprehensión, a los detenidos se les informaron sus derechos constitucionales y
fueron puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien
definirá su situación legal y continuará con las investigaciones del caso.
Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteran su
disposición a trabajar en coordinación con los gobiernos estatales para la
detención de objetivos prioritarios y mantener la paz en el país.
La información sigue en proceso…
Ra
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