- Mediante ajustes a la Constitución local, el Estado de México armonizó su legislación con la reforma judicial nacional
- Principales innovaciones son: elección popular de personas juzgadoras y creación de órganos de disciplina y administración
- Se conjuntan 3 iniciativas: una de Morena, otra del PT, y la tercera de Morena, PT y PVEM; se incluyen del PRI y PAN
LXII Legislatura del Estado de México aprobó la reforma al Poder Judicial estatal. |
Toluca, Edomex. La
reforma al Poder Judicial estatal, que establece la elección popular de
personas magistradas y juzgadoras, así como una restructuración orgánica del
Tribunal Superior de Justicia mediante la creación del Tribunal de Disciplina
Judicial y del Órgano de Administración Judicial, fue celebrada por diputadas y
diputados de Morena y PT, que la consideraron un avance más en la democracia,
mientras que personas legisladoras del PRI, PAN, PRD y MC advirtieron que
invade la autonomía y equilibrio entre poderes.
En defensa de la reforma, el legislador Carlos Antonio Martínez
Zurita Trejo (Morena), presidente de la comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales de la LXII Legislatura mexiquense, llamó “a no tenerle miedo
al pueblo y a la democracia”, pues obedece a un mandato popular.
Además, reconoció el trabajo del parlamentario José
Francisco Vázquez Rodríguez (Morena), presidente de la Junta de Coordinación
Política, quien “cumplió el compromiso de escuchar e integrar observaciones de
las distintas fuerzas políticas”.
Legislador Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo llamó “a no tenerle miedo al pueblo y a la democracia”, pues obedece a un mandato popular. |
Por su parte, de Morena, el legislador Octavio Martínez Vargas señaló que esta serie de reformas constitucionales es la más importante del primer periodo ordinario de sesiones y, probablemente, de la LXII Legislatura mexiquense, porque democratiza al Poder Judicial, cuyos integrantes “querían mantener los privilegios, los altos salarios, los excesos y los abusos”.
Lo aprobado
Los principales aspectos que la LXII Legislatura mexiquense
aprobó de la reforma al Poder Judicial estatal son la elección popular de
personas magistradas y juzgadoras, así como una restructuración orgánica del
Tribunal Superior de Justicia, mediante la creación del Tribunal de Disciplina
Judicial y del Órgano de Administración Judicial, en sustitución del actual
Consejo de la Judicatura, con lo cual el Estado de México se convierte en la
cuarta entidad federativa en armonizar su legislación, de acuerdo con el mandato
constitucional nacional, refiere el comunicado.
Las modificaciones a 32 artículos de la Constitución local,
la adición de dos más y la derogación de cinco, avaladas por mayoría, a partir
de tres iniciativas (una presentada por el grupo parlamentario de Morena, otra
del Partido del Trabajo -PT-, y una más de autoría conjunta de Morena, PT y Partido
Verde -PVEM), precisan que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial
realizarán las postulaciones, a través de su respectivo comité de evaluación,
cuya función es identificar a los mejores perfiles, una vez agotada la fase de
participación pública, abierta, transparente, inclusiva y accesible de
aspirantes que cumplan los requisitos del proceso electivo del próximo 1 de
junio del 2025.
Proceso electivo el 1 de junio del 2025
Los listados serán recibidos por la Legislatura para
remitirlos al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), que será responsable
de la preparación, organización, desarrollo, supervisión, cómputo, vigilancia y
adecuada conclusión del proceso electivo del próximo 1 de junio del 2025.
El IEEM realizará los cómputos de la elección, publicará los
resultados y entregará las constancias de mayoría, asignando los cargos
alternadamente entre mujeres y hombres; declarará la validez de la elección y
enviará los resultados al Tribunal Electoral del Estado de México para la
resolución de eventuales impugnaciones.
“Quebranta la división de poderes”
En cuanto a las posturas en contra, la diputada María
Mercedes Colín Guadarrama (PRI) expresó que el dictamen “quebranta la división
de poderes y compromete la independencia judicial, genera incertidumbre y
desconfianza en los inversionistas, pero, sobre todo, no mejora la justicia
ordinaria”, y añadió que profundizan sus efectos negativos y debilita la
justicia constitucional.
Rocío Alexia Dávila Sánchez, del PAN, puntualizó que la
reforma es una violación al sistema de pesos y contrapesos, cuyo desequilibrio
implica riesgos de corrupción, abuso de poder y arbitrariedad. Lamentó que a
nivel nacional el proceso legislativo fue el de una “mayoría irreflexiva, que
actuó por consigna”, lo cual se replicó en lo estatal.
En su momento, el diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador
parlamentario del PRD, señaló que la reforma no beneficia a la población, y
calificó como una mentira que tenga la posibilidad elegir directamente a
personas magistradas y juzgadoras, porque se trata de la partidización del
Poder Judicial.
En tanto, la legisladora Ruth Salinas Reyes (MC) refirió que
el trasfondo de las reformas es la captura del Poder Judicial, con lo que se
abre la puerta al clientelismo. Consideró innegable la corrupción del sistema
judicial, incluyendo excesos, aunado a una precaria situación en juzgados, pero
“eso no cambia en nada” con las modificaciones constitucionales propuestas.
A quienes se elegirá
De acuerdo con el comunicado de la LXII Legislatura, en el
proceso electoral del próximo año se elegirá la totalidad de las y los
integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la mitad de los
cargos de magistraturas, mientras que la elección de personas juzgadoras solo
será para vacancias, retiros programados por jubilación, prejubilaciones o
renuncias voluntarias, pero la renovación de la totalidad de cargos deberá
concluir en la elección de 2027.
Por lo tanto, quienes sean electos en la extraordinaria del
2025 durarán ocho años y quienes resulten favorecidos, a partir de los comicios
ordinarios del 2027, será por un periodo de nueve años.
La persona titular de la presidencia del Tribunal Superior
de Justicia concluirá su encargo el 31 de diciembre de 2024 y habrá un
interinato, en este cargo, mediante un proceso de designación que le
corresponderá al Tribunal Superior de Justicia. Quien resulte titular de este
procedimiento cumplirá esta responsabilidad hasta que entre en funciones la
nueva presidencia.
En cuanto al Tribunal de Disciplina Judicial, se define como
el órgano con facultades para recibir denuncias, investigar y sancionar a las
personas servidoras públicas judiciales que no cumplan con sus deberes de
manera ética y legal, el cual tendrá una integración colegiada, conformada por
cinco personas electas por la ciudadanía, y cuyo encargo durará seis años,
siendo sustituidas de manera escalonada, y sin poder ser electas para un nuevo
periodo.
Por otro lado, el Órgano de Administración Judicial, cuyo
pleno se conformará por cinco personas con un mandato de seis años, podrá tomar
decisiones relacionadas con la administración, vigilancia y carrera judicial.
Con las reformas, cuyo dictamen presentó el diputado Octavio
Martínez Vargas (Morena), y leyó la legisladora Araceli Casasola Salazar (PRD),
también se modifica el régimen de suspensiones en casos de controversias
constitucionales o acciones de inconstitucionalidad locales, para que no pueda
otorgarse la suspensión de normas generales en dichos procesos, así como evitar
la impugnación de alguna reforma o adición a la Constitución.
El Estado de México es la cuarta entidad federativa en
armonizar su legislación conforme a la reforma judicial nacional, después de
Tamaulipas, Michoacán y Durango.
Durante la discusión en lo particular, se aprobó la
propuesta del diputado Vladimir Hernández Villegas (Morena) para ajustar el
artículo quinto transitorio, a fin de establecer causales claras para la
sustitución de la persona presidenta (renuncia, licencia, enfermedad, muerte o
cualquiera que comprometa la implementación de las medidas de
transición), ante lo cual la Legislatura, a propuesta de la Jucopo, podrá
designar a una persona de entre las magistraturas que integran el Pleno del
Tribunal Superior de Justicia.
También se avalaron las reservas de los legisladores Alejandro
Castro Hernández y Mariano Camacho San Martín, ambos del PRI, para eliminar la
obligación de que la renovación corresponda a cada jurisdicción y para que
continúe trabajando el Consejo de la Judicatura, hasta la instalación del
Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, en
lugar de un órgano de transición.
Al igual que las reservas mencionadas, se aprobaron por
unanimidad las propuestas por las parlamentarias Rocío Alexia Dávila Sánchez y
Joanna Alejandra Felipe Torres, del PAN, para que sea el Tribunal Superior de
Justicia el que designe a la persona presidenta interina de esta institución y
garantizar el haber de retiro de personas trabajadoras del Poder Judicial.
La parlamentaria Ruth Salinas Reyes (MC) también reservó los
artículos 88 Bis, 89, 91 y el transitorio quinto en materia de acciones de
inconstitucionalidad, requisitos de profesionalización, acreditación de título
con antigüedad de al menos tres años, experiencia profesional y procedimiento
de designación de la persona titular de la presidencia del Tribunal Superior de
Justicia. Sin embargo, las propuestas fueron desechadas. ©
Ra
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