OPINIÓN
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| Foto Vía Libre. |
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Alberto Witvrun
Diariovialibre.com.mx, (9 diciembre, 2024).- No hay una
explicación lógica del porqué la jueza de control del fuero común de Tizayuca
Juana García Amador, se expuso a enfrentar un proceso penal por desacato a una
orden de la justicia federal, establecida en el amparo que concedió el Juzgado
Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo que tiene como titular a la jueza
Daniela María León Linarte contra la orden de aprehensión para Mariana L. M. ex
candidata del Partido del Trabajo (PT) y le dictó prisión preventiva oficiosa.
Y que la carpeta de investigación haya sido integrada de
manera exprés, se asegura que en menos de 24 horas, para cuando la presunta
responsable de extorsión se presentó voluntariamente a la audiencia fuera
detenida por orden de la jueza, nunca detenida por la policía de investigación,
así puede especular que existen intereses políticos en esta caso donde está
involucrada la principal opositora a la ex presidenta municipal Susana Ángeles
Quezada recién nombrada enlace de la Secretaría de las Mujeres con estados y
municipios.
La jueza García Amador, puede ser acusada por los abogados
de la ex candidata petista por desacato, mientras acuden otra vez a la justicia
federal para volver amparar a Mariana L. M. ahora contra la prisión preventiva
oficiosa, porque más allá del curso que tome el proceso penal donde las partes deben
aportar y desahogar pruebas, la defensa sostiene que no hay razón para que este
en prisión, más cuando acudió a la audiencia voluntariamente.
En Tizayuca se especula si atrás de todo está la mano de
Ángeles Quezada, sobre todo porque una posible persecución política desde otro
nivel queda descartada porque Mariana L. M. no pertenece al Clan Sosa Castelán
que utilizó al PT para desafiar al gobierno estatal, además que la expresión
política que generó en Tizayuca le apostó en 2022 a la candidatura de Julio
Menchaca Salazar.
Así que este caso aún dará mucho de qué hablar y el turno
será para la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rebeca Aladro
Echeverría y para el encargado de la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJEH) Francisco Fernández Hasbun. ©
Ra
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