OPINIÓN
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Alberto Witvrun
Diariovialibre.com.mx, (16 enero, 2025).- Quien crea que la
detención de Héctor Guillermo Álvarez Cuevas pondrá fin al conflicto por el
control de la Sociedad Cooperativa de Cemento Portland La Cruz Azul, se
equivoca, por el contrario, se radicalizará más, mientras los tribunales no
decidan plenamente quien de los grupos tiene la razón legal y se puede avizorar
que la amenaza de suspender salarios a 2 mil 812 trabajadores no doblegará al
grupo que encabeza Federico Sarabia Pozo.
En este conflicto que se prolongó ya seis años existen claro
oscuros de ambas partes porque en 2018 Víctor Manuel Velázquez Rangel y José
Antonio Marín Gutiérrez, fueron electos presidentes de los consejos de
administración y vigilancia, pero meses después sucedió lo mismo con Sarabia
Pozo y Alberto López en una asamblea callejera en la que participaron más de
500 socios cooperativistas de los poco más de 700 con derechos.
Y la asamblea general de acuerdo a la Ley de Cooperativas es
la máxima autoridad de una empresa social, pero a partir de estos hechos se
desataron demandas, recursos y controversias en los tribunales que Velázquez y
Marín aseguran les dan legalidad a sus funciones, pero se mantienen la dudas
sobre ello, mientras Sarabia Pozo se mantiene firme en que hay maniobras
legaloides e incluso compra de jueces.
A lo largo del conflicto se han registrado una decena de
muertes, dos simpatizantes de Sarabia Pozo uno en la Ciudad de México, fue
asesinado de un balazo y otro fue atropellado durante un enfrentamiento de
Lagunas, Oaxaca y en Tula los muertos suman nueve en las intentonas de grupos
de choque de recuperar la planta de los que se han deslindado Velázquez y
Marín.
También se ha acusado la intervención de quien fuera el
coordinador jurídico de Presidencia con Andrés Manuel López Obrador, Julio
Scherer Ibarra y de Eduardo Osorio Chong hermano del ex secretario de
Gobernación, lo que ha contaminado este conflicto en el que los gobiernos
estatales se han deslindado bajo el argumento que es un problema entre
particulares.
Lo cierto es que el punto final requiere de voluntad y
decisión política presidencial, y el método para resolverlo sería la
celebración de una asamblea general de los 715 socios cooperativistas, que son
los que tienen que definir el destino de esta icónica empresa cooperativa. ©
Ra
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