“Nadie pensó que una tragedia ubicaría la atención de la opinión pública en la administración de justicia con la controversial jueza Janet Montiel Mendoza, que dejó en libertad con razones jurídicas o no a quien se convertiría en el multihomicida de Azoyatla…”
OPINIÓN
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| Foto Vía Libre. |
D E S L I N D E
Ø Alberto
Witvrun
Diariovialibre.com.mx, (18 febrero, 2025).- Nadie pensó que una
tragedia ubicaría la atención de la opinión pública en la administración de
justicia con la controversial jueza Janet Montiel Mendoza, que dejó en libertad
con razones jurídicas o no a quien se convertiría en el multi homicida de
Azoyatla, a partir de ahí el Poder Judicial de Hidalgo (PJH) es observada por
la sociedad que ahora se interesa de cómo se administra la justicia.
Surgen casos y se recuerdan otros que generan dudas de que
las decisiones de jueces sean correctas como en la disputa de una gasolinería
de Zimapán, municipio mencionado en los últimos días por el Caso Williams Trejo
en el que aparece también Montiel Mendoza.
El despojo de la gasolinería Servicio Lara, la más grande de
la zona, se remite a 4 años atrás, iniciando el afectado dos procesos uno penal
y otro mercantil con número 392021; en el primero no obstante las pruebas
aportadas por el Ministerio Público la jueza de control en Zimapán, Alma Mérida
Torres no vinculó a proceso a los 3 presuntos culpables.
En el ejecutivo mercantil 3 años 8 meses después el
demandante logra la resolución favorable de la Tercera Sala Colegiada Civil y
Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) con el
voto unánime de los magistrados Jorge Alberto Huerta Cruz, Marisol López
Barrera y de la presidenta Blanca Sánchez Martínez.
Juicio que causó ejecutoria el 5 de febrero, porque después
del fallo emitido el 17 de noviembre de 2024, la parte acusada pudo ampararse,
no lo hizo y el plazo venció; pero cinco días después de la fecha de ejecutoria
y cerrarse el caso; la magistrada Blanca Sánchez Martínez, pide al juzgado de
Zimapán que el expediente sea devuelto con urgencia a la Tercera Sala Colegiada
Civil y Familiar.
El argumento de acuerdo a oficios a los que tuvo acceso este
columnista, es que la parte acusada sí ingreso el amparo, pero estaba
traspapelado, así que un caso juzgado y con orden ejecutoria por tanto cerrado,
la magistrada Blanca Sánchez Martínez, pretende ilegalmente reabrirlo,
generando la sospecha de intereses oscuros económicos y políticos atrás de esta
potencial violación al proceso judicial. ©
Ra
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