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Se consolida impunidad en caso Tlatlaya: fuero militar absuelve a soldados involucrados (video)

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<span style="font-size: x-large;">* PGR omite investigar la orden de abatir y no ha citado a declarar a mandos militares involucrados en la orden de abatir civiles</span></h2>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiw8Pkw4zadYboSIG9Gurl18uS17KGClEwy3mei0f6Kf5QvbUIHLViTcYOfsO7OSCcATEMnOU5ceRtMAPK9QbbSH_9zQHK9pxqDo_GPBiyvSWLh-0PEex8G7K5WQoLmlOIkdx_ZQHb3RQY/s1600/tLATLAYA+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiw8Pkw4zadYboSIG9Gurl18uS17KGClEwy3mei0f6Kf5QvbUIHLViTcYOfsO7OSCcATEMnOU5ceRtMAPK9QbbSH_9zQHK9pxqDo_GPBiyvSWLh-0PEex8G7K5WQoLmlOIkdx_ZQHb3RQY/s640/tLATLAYA+1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Gráfico del video</b></td></tr>
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<b>Redacción </b>| sábado 2 de abril de 2016<br />
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<b>CIUDAD de MÉXICO, (30 marzo 2016). </b>El caso Tlatlaya se encamina a quedar impune. El Juzgado Sexto Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares que participaron en la masacre de Tlatlaya.<br />
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El séptimo de los acusados fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya compurgó. La sentencia a favor de los militares involucrados sólo pudo ser conocida recientemente por la víctima Clara Gómez González, quien para acceder al expediente debió promover un juicio de amparo diverso debido a la opacidad que subsiste en el caso, informa la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT).<br />
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Afirma que la exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense -dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente.<br />
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Esta determinación, ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad.<br />
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En este sentido, agregan, destacan las omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR). Como en otros casos de graves violaciones a derechos humanos, la PGR ha fragmentado la investigación integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos.<br />
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Cabe recordar que el 2 de julio de 2015 el Centro Prodh solicitó, en ejercicio de la coadyuvancia a la PGR, que se desahogaran diversas pruebas para investigar la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”; entre estas pruebas, la coadyuvancia solicitó que los mandos militares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando. Sin embargo, tras nueve meses la PGR no ha citado a ningún mando militar, eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas.<br />
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La absolución en el fuero militar de los involucrados y las omisiones de PGR en la investigación se suman a decisiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que perpetúan la opacidad en el caso. La CNDH negó a la víctima Clara Gómez González el acceso a la versión íntegra del expediente de seguimiento a la Recomendación 51/2014, argumentando que la Sedena había calificado información del expediente como reservada, en contra de la calificación sobre la publicidad del expediente hecha por el propio Ombudsman anteriormente.<br />
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Por otro lado, la Comisión tampoco ha informado de los resultados de su revisión de las órdenes militares vigentes en el país y si éstas contienen instrucciones de “abatir delincuentes”, siendo un hecho público que en el contexto de sus operaciones en terreno las Fuerzas Armadas siguen refiriéndose en estos términos a la privación de la vida humana.<br />
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Pese a que la gravedad de este emblemático caso de violación a los derechos humanos debería tener como respuesta una actuación ejemplar de la justicia, las recientes determinaciones apuntan a que la impunidad podría prevalecer en el caso.<br />
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Por ello, señala TDT, es fundamental reiterar que diversos procesos continúan abiertos: en la justicia civil federal tres militares están imputados por cargos de homicidio; la PGR aún mantiene abierta la averiguación previa donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de abatir; y, adicionalmente, permanece pendiente el cumplimiento del amparo ganado por Clara Gómez González para  que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).<br />
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Frente a este panorama, los organismos de derechos humanos nuevamente advertimos sobre el riesgo de que en este caso emblemático termine imponiéndose la impunidad y, en ese sentido, llamamos nuevamente a que la justicia sea exhaustiva. Especialmente, reiteramos la exigencia de que se investigue la responsabilidad por la emisión de una orden que instruyó a abatir delincuentes, pues de acuerdo con el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Sr. Christoph Heyns, esta debe ser indagada cabalmente dado que “las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”.<br />
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<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/imL8emkbVWs" width="560"></iframe>
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<span style="font-size: large;"><b>Nota aclaratoria del centro Prodh respecto a la información difundida por PGR sobre el caso Tlatlaya</b></span><br />
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CIUDAD de MÉXICO, (31 marzo 2016).<b> </b>En relación con la información circulada por la Procuraduría General de la República (PGR) respecto al estado que guarda la investigación del caso Tlatlaya, el Centro Prodh realiza las siguientes precisiones:<br />
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<b>1.</b> Efectivamente, la PGR realizó una investigación inicial por la que determinó que en Tlatlaya se cometieron diversos delitos, incluyendo el homicidio de ocho personas. El testimonio de Clara Gómez González y su colaboración con el Ministerio Público fueron fundamentales para que se realizara esta primera consignación.<br />
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<b>2.</b> No obstante, como la propia PGR admite al referir que continúa una investigación abierta, los hechos de Tlatlaya aún no han sido plenamente esclarecidos. Subsiste una preocupante discrepancia entre el número de víctimas de ejecución (8 para la PGR, entre 12 y 15 para Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH) y no ha sido investigada la responsabilidad por la emisión de una orden que instruyó a la unidad militar involucrada en los hechos a “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.<br />
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<b>3.</b> Con respecto a lo señalado por la PGR en el sentido de que Clara Gómez González tendría que ratificar el escrito presentado hace nueve meses para que la investigación sea profundizada, es pertinente precisar que la información es incorrecta. En primer lugar, en una de las averiguaciones previas abiertas, la propia PGR acordó negativamente el escrito de la víctima, sin siquiera requerirle su ratificación. Esta negativa fue impugnada y el recurso no ha sido resuelto hasta el día de hoy. En segundo lugar, en la otra averiguación previa, la supuesta necesidad de ratificar es revictimizante y además innecesaria puesto que la identidad de Clara Gómez González ya está plenamente acreditada, amén de que tanto la orden de abatir como la recomendación de la CNDH obran ya en el expediente y tendría que ser la PGR quien oficiosamente investigara su contenido dado la gravedad de los delitos y acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.<br />
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<b>4.</b> Finalmente, es importante reiterar, como ya lo señalamos en el boletín conjunto, que la existencia de una sentencia absolutoria en el fuero militar se difunde ahora porque es hasta fecha reciente cuando la víctima tuvo certeza legal de su existencia, precisamente por la opacidad que subsiste en el caso. Con ello se suple la omisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en cuanto a informar oportunamente a la víctima y a la sociedad sobre dicha determinación en un asunto de interés público. En este sentido, cabe insistir en que la advertencia sobre el riesgo de que el caso quede impune obedece a que en la sentencia militar se exceden los límites del fuero militar y se analiza el fondo de los hechos, lo que podrá ser empleado por la defensa de los tres militares que, como mencionamos, continúan sujetos a proceso y en prisión preventiva acusados de homicidio.<br />
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpCceCwzd8BensAS9o4DqLf0HVpWSw_eKNcOagxsYEMv1-JHCH7SL5wmdPMq5581o2NwFWBK-VDAPulFfNuQEBz48cOSxBddLDIewKrsWEp60vE3B5rrY3Xht8nCj6zndOg-7wK8Ltmtg/s1600/tLATLAYA+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="390" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpCceCwzd8BensAS9o4DqLf0HVpWSw_eKNcOagxsYEMv1-JHCH7SL5wmdPMq5581o2NwFWBK-VDAPulFfNuQEBz48cOSxBddLDIewKrsWEp60vE3B5rrY3Xht8nCj6zndOg-7wK8Ltmtg/s640/tLATLAYA+2.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Organismos de derechos humanos nuevamente advertimos sobre el riesgo de que en este caso emblemático (Tlatlaya) termine imponiéndose la impunidad y, en ese sentido, llamamos nuevamente a que la justicia sea exhaustiva, sostiene TDT. <b>Cartel captura de pantalla</b></td></tr>
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Se consolida impunidad en caso Tlatlaya: fuero militar absuelve a soldados involucrados (video)

* PGR omite investigar la orden de abatir y no ha citado a declarar a mandos militares involucrados en la orden de abatir civiles Gráfic...

Incompatible con el ejercicio de los derechos humanos postulación de Eduardo Medina Mora como candidato a ministro de la Suprema Corte

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* Postura de Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República mexicana. (NdeR).</h2>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhph4tm7gShqL994x3uuNW_mH0IKybnQW-NqwFpQvNPtE3c__coMrfPgsFUnNheNu6Q37pD2zt2t1LVrzwO2-hz4JV85Eb75Nnyct0bVlZ7wKNdPfpoL65s16XvR2PDP-r7_tI7qE276d0/s1600/11020299_945588358786571_1307392139_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhph4tm7gShqL994x3uuNW_mH0IKybnQW-NqwFpQvNPtE3c__coMrfPgsFUnNheNu6Q37pD2zt2t1LVrzwO2-hz4JV85Eb75Nnyct0bVlZ7wKNdPfpoL65s16XvR2PDP-r7_tI7qE276d0/s1600/11020299_945588358786571_1307392139_n.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Eduardo Medina Mora tiene una trayectoria política que imposibilita que sea un Ministro independiente del Poder Ejecutivo, considera TDT. <b>Foto: Archivo</b></td></tr>
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<b>Redacción</b> | viernes 20 de febrero de 2015<br />
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<b>México, D. F.</b>, jueves 19 de febrero.- Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por la terna de candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enviada al Senado por el Presidente de la República, y en particular nuestro rechazo a la postulación de Eduardo Medina Mora como integrante de la SCJN.<br />
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Hoy más que nunca, frente a la grave crisis en materia de Derechos Humanos que atraviesa el país, se requiere la consolidación de los órganos que garanticen la vigencia del Estado democrático de derecho y de los derechos humanos.  En ese sentido, es vital que la SCJN esté integrada solamente por las y los profesionales más capaces, íntegros e idóneos de tal manera que funcione como un real contrapeso que garantice el acceso a la justicia de los grupos más desfavorecidos.<br />
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De ese modo, llama la atención en primer lugar que la terna actual esté compuesta por tres hombres (tomando en cuenta que ya existe una clara mayoría de hombres en la composición de la SCJN y que en reiteradas ocasiones el Gobierno mexicano se ha comprometido a nivel nacional e internacional  en garantizar una presencia equitativa entre hombres y mujeres en los poderes judiciales, y asegurar el ingreso y ascenso de las mujeres en la carrera judicial).<br />
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Por otra parte, reconocemos que la independencia, autonomía y capacidad de análisis crítico de la SCJN se verán maximizadas si su composición incluye perfiles no exclusivamente de carrera judicial; sin embargo, en esta ocasión el único de los tres candidatos que no sea integrante del Poder Judicial –y el candidato de más alto perfil de los tres– es Eduardo Medina Mora, quien tiene trayectoria política que imposibilita que sea un Ministro independiente del Poder Ejecutivo, y quien está implicado en diversos casos de graves violaciones a derechos humanos.<br />
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Recordando que en próximas fechas vendrán otros dos procesos de nombramiento a la SCJN, nos preocupa que la lógica detrás de la terna actual deje ver la intencionalidad no de consolidar la independencia de la SCJN sino de avanzar intereses del Poder Ejecutivo dentro de ese órgano garante de la Constitución.<br />
Algunas de las razones principales para sustentar nuestro rechazo a la candidatura de Medina Mora en particular, son:<br />
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1.- Eduardo Medina Mora fue responsable de la comisión de graves violaciones a derechos humanos durante su gestión como Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Vicente Fox.  Uno de los casos más emblemáticos fue el operativo ocurrido los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, en donde más de 2 mil 500 efectivos de la policía estatal y la entonces Federal Preventiva, atacaron a los pobladores, dejando un saldo de dos jóvenes asesinados, 207 personas detenidas, entre ellas 47 mujeres, de las cuales 26 denunciaron haber sido torturadas y violadas sexualmente por elementos policiacos. En diciembre de 2006 Medina Mora asumió como Procurador General de la República y durante su gestión la PGR declinó su competencia para investigar los hechos de Atenco a pesar de la participación de policías federales. Las violaciones a derechos humanos cometidas en Atenco están siendo analizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.<br />
Además de Atenco, la gestión de Medina Mora al frente de la Policía Federal se destacó por otras violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a su mando, tales como las ocurridas en Oaxaca en noviembre de 2006 en el marco de los operativos contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.<br />
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2.-Durante el sexenio de Carlos Salinas, Medina Mora fungió como Asesor del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en los temas de Agricultura, Normas, Prácticas Desleales de Comercio, Inversión y Reglas de Origen. Es decir, fue partícipe en la estructuración de ese instrumento internacional que ha sido sistemáticamente denunciado por organizaciones campesinas por generar condiciones de pobreza e inequidad en el campo mexicano. En la actualidad se encuentran en litigio ante los Tribunales Federales múltiples casos que confrontan la visión privatizadora del campo respaldada por el TLCAN con el derecho a construir un proyecto de desarrollo que sea sustentable y respetuoso de la cultura y los pueblos originarios. En manos de la Suprema Corte estará la definición sobre temas de gran trascendencia para el futuro del campo como la pertinencia o no de sembrar transgénicos o las violaciones a derechos humanos cometidas por la actividad minera. Resulta difícil que un personaje que ha impulsado la privatización del campo en beneficio de grandes empresas, pueda mantener un criterio de imparcialidad y objetividad como Ministro en este tipo de asuntos.<br />
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3.- Como Procurador General de la República utilizó sus atribuciones para intentar  obstaculizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres al presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas que despenalizaron el aborto en el Distrito Federal. Contrario a los avances que en materia de derechos humanos y específicamente en materia de género y derecho a decidir se han dado a nivel internacional, Medina Mora pretendió revertir una reforma que reconocía derechos históricamente negados a las mujeres.<br />
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4.- De acuerdo con registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), fue la gestión de Medina Mora al frente de la PGR la que más recomendaciones recibió por parte de dicho organismo público de derechos humanos, en comparación con sus antecesores. Medina Mora dejó la PGR en medio del caos desatado por la llamada guerra contra la delincuencia impulsada en el sexenio de Felipe Calderón.<br />
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5.- Su carrera privada ha estado ligada al sector empresarial y corporativo. De manera especial resalta en su curriculum el haber sido Director Adjunto y Director Corporativo de Planeación Estratégica de Grupo Desc SA de CV (hoy grupo Kuo), empresa que tiene como una de sus líneas principales la industria farmacéutica, petroquímica y química. En el contexto de la puesta en marcha de la reforma energética y frente al creciente descontento de un amplio sector de la población que ve en los tribunales federales un medio para impugnar la reforma y sus consecuencias, resulta preocupante que sea postulado como Ministro alguien que en algún momento ha tenido intereses en el ramo de la industria petroquímica, siendo que al Máximo Tribunal le corresponderá, con toda seguridad la resolución de casos que tienen que ver con la aplicación de dicha reforma.<br />
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6.- Finalmente existe un requisito de forma que tampoco cumple Medina Mora, pues el artículo 95, fracción V de la Constitución Federal establece que uno de los requerimientos para poder ser Ministro de la Corte es haber vivido los últimos dos años en el país, situación que incumple el hoy candidato Medina Mora al residir en el extranjero desde noviembre de 2009, fecha en la que fue nombrado como Embajador de México en el Reino Unido y posteriormente en los Estados Unidos.<br />
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La postulación de Medina Mora a la terna de candidatos a ocupar la plaza de Ministro de la SCJN evidencia un profundo desprecio a los derechos humanos por parte de la Presidencia de la República, quien parecería querer impulsar un perfil policiaco y protector de los intereses corporativos al interior del Máximo Tribunal que le garantice llevar a cabo, con la menor resistencia posible, un proyecto de nación que es incompatible con los derechos humanos. Frente a este escenario, es imprescindible que las Senadoras y Senadores, al analizar la terna enviada por el Presidente de la República utilicen como criterio de selección los estándares más altos en materia de derechos humanos<br />
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Atentamente:<br />
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República mexicana).<br />
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Y 20 firmas más. (NdeR).<br />
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